El Estado español se ha convertido en el país europeo con mayor número de viviendas por mil habitantes, el el líder europeo también en kilómetros de autopistas y autovías, y pronto lo será en líneas de alta velocidad ferroviaria; en España se encuentran siete de las once mayores constructoras del mundo, el mayor gestor de autopistas, las mayores inmobiliarias y los mayores operadores turísticos... pero no hay ninguna empresa puntera.
Una legislación especialmente laxa en cuanto a recalificaciones de terrenos, la ausencia de control sobre los precios finales -promesa de una especulación sin límites, y la entrada masiva de capital extranjero (en buena parte negro), por una cuyuntura internacional favorable, junto con los bajos tipos de interés y la ausencia de viviendas o de pisos de protección oficial han favorecido un boom immobiliario que, cual "lengua de lava urbanizadora", amenaza con cubrir gran parte del territorio peninsular -en especial aquellas zonas con mayores problemas de agua- y destruir nuestras ciudades engullidas por la expansión y restructuración metropolitana.
La razón de este crecimiento desaforado de la construcción de viviendas (de primera o segunda residencia), oficinas, infraestructuras de transporte o de logística, campos de golf, parques temáticos, centros comerciales, etc... es sin duda los altos beneficios que augura a las constructoras y a capital especulativo; y "el efecto riqueza" (relativo) y de creación de trabajo (pasajero) que le acompaña. Pero el resultado es una acción devastadora sobre el medio, el endeudamiento de más de quince años de una cuarta parte de la población y una "burbuja immobiliaria" que amenaza con explotar en cualquier momento, provocando una recesión sin precedentes que puede convertir el "milagro español" en una auténtica pesadilla para la mayoría.
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